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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado este lunes que Donald Trump es parcialmente inmune a la acusación de que utilizó su cargo para tratar de subvertir el resultado las elecciones presidenciales de 2020, en las que perdió frente a Joe Biden. La máxima instancia judicial de Estados Unidos, de mayoría conservadora, ha resuelto que si bien un presidente goza de inmunidad penal por «actos oficiales» realizados en el ejercicio de su cargo, no la tiene por «actos no oficiales».
«En virtud de nuestra estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial da derecho a un expresidente a la inmunidad absoluta de procesamiento penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente y preclusiva. Y tiene derecho al menos a una presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales», recoge el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, autor de la sentencia. «No hay inmunidad para actos no oficiales».
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El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado aplicar la amnistía al delito de malversación de la causa del "procés", lo que mantiene a Puigdemont encausado e impide levantar la inhabilitación que pesa sobre el líder de ERC, una condena que le impide presentarse como candidato y que no cumple hasta 2031.
Por un lado, el juez Pablo Llarena mantiene las órdenes nacionales de detención del expresidente de la Generalitat y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Y, por otro, la Sala Penal del Supremo no archiva la ejecutoria que inhabilita, hasta los años 2030 y 2031, a Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Por otro lado, la Sala ha acordado plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de inconstitucionalidad respecto del delito de desobediencia por el que habían sido condenados los cuatro últimos (y por el que también está procesado el líder de Junts).
Una de las magistradas, Ana Ferrer, instructora del "caso Tsunami" contra Puigdemont y el diputado de ERC huido Ruben Wagensberg, suscribe un voto particular discrepante porque considera que el delito de malversación no ha debido ser excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Amnistía, al tiempo que respalda plantear una cuestión prejudicial sobre esta controversia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La posición de la Fiscalía a favor de la aplicación de la Ley de Amnistía a los condenados y procesados en la causa del "procés" se fijó pese al criterio contrario de los cuatro fiscales del Tribunal Supremo encargados del procedimiento -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno-, lo que obligó a convocar la Junta de Fiscales de Sala, que por un solo voto respaldó la posición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de que la malversación del "procés" también está amparada por la polémica medida de gracia. De esta forma, tanto Oriol Junqueras (inhabilitado hasta 2031 aunque fue indultada su pena de prisión) como el fugado Carles Puigdemont verían despejado su horizonte procesal.
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